Cuatro concejales respaldan presentación solicitando pronunciamiento de la Contraloría frente a hecho ocurrido en DAEM de Laja
Laja, 18 de octubre de 2019; El pasado día 4 de octubre del presente año el concejal de la comuna de Laja, Héctor Pérez presentó, junto al respaldo de sus colegas María Isabel Araneda, José Serra y Pedro Urra, documento a la Contraloría, específicamente dirigido al Contralor de la Región del Biobío, bajo el ingreso N° 89.292, donde se solicita pronunciamiento frente a un hecho que califican de suma gravedad.
Es una situación que se arrastra hace más de un año y medio, ocurrida en el Departamento de Educación Municipal de la comuna de Laja, y en la que se ha solicitado información -en sesión de Concejo Municipal- pero aún no reciben respuesta de las medidas administrativas al respecto, más aún cuando esto tiene desde el mes de julio del año 2019 iniciado un proceso judicial por falsificación de instrumento público, nos comenta el concejal Héctor Pérez.
“Existe una acción judicial, que busca responsabilidad penal… pero nosotros buscamos responsabilidades administrativas”, agrega Pérez Aguayo, “informé en algún momento, respecto a una querella que se había establecido en contra de una funcionaria del Departamento de Educación, que fue ingresada al Juzgado de Garantía de Laja. Establecer en función de los antecedentes del Ministerio Público, en un proceso que aún no ha terminado, pero que ya lleva varios peritajes… donde se han acreditado faltas, de corte penal y administrativo”, expresó el concejal Pérez en sus puntos varios en última sesión del Concejo Municipal realizada este miércoles 16 de octubre.
Lo anterior, visibilizando nuevamente esta situación de hechos que aún no tienen respuestas o acciones administrativas de las que tengan cuenta los concejales, “di cuenta de esto en un concejo, de manera anticipada, realizando consultas tanto a la directora y la abogada del DAEM, consultas que siempre fueron omitidas. Soy una persona que no demoniza los errores, porque todos cuando nos equivocamos buscamos un camino para reparar, y crecemos como personas si es que efectivamente lo hacemos con sabiduría… para que no nos vuelva a pasar”, añade.
“No solo se ha incurrido en un error, sino en una negligencia… porque cuando notificamos por esto, he seguido el tema y se me ha respondido de manera incoherente, respondiéndome desde la perspectiva penal y no administrativa”, una cosa es la línea penal y otra distinta lo administrativo, recalca el concejal Pérez.
Lo asume como una responsabilidad el solicitar más antecedentes y hacer pública esta situación, porque tras estar en conocimiento de un hecho como este, habiendo alertado a los seis concejales del concejo lajino, es lo que se debe realizar, evitar que “nos hubieran llamado a declarar con la posibilidad de ser cómplice de esta acción, pudiendo ser acusados de notable abandono de deberes”, o acción similar que pudiera ocurrir por tratar de desconocer lo que estaba ocurriendo.
Aunque no entrega nombres, la situación efectivamente ha tenido una investigación, con presencia de la Policía de Investigaciones (PDI), en la que se indica una falsificación de instrumento público, con la finalidad de cobro de seguro de cesantía, tras la solicitud de antecedentes que la AFC Chile solicitó al DAEM y es algo que se ha judicializado.
Acá hay una serie de decisiones a las que se agregan que “aceptando la renuncia de la persona involucrada… aceptan -tiempo después- la reincorporación de la misma. Donde existen declaraciones formales de funcionarios que dieron cuenta de esta situación a los superiores directos”, aquí las confianzas se quiebran, afirma.
Acá se genera un daño a la institucionalidad, el intentar cobrar un finiquito que no está en regla, que se falsifique un instrumento público o firmas, genera daño tremendo, “es algo grave y por ello dudo de lo que me diga la directora del DAEM o la abogada del DAEM, son personas (que frente a estos hechos) no me parecen confiables en sus cargos”, expone el concejal lajino.
Presentación a la Contraloría que espera saber las acciones administrativas que se están llevando en este caso, además de solicitar -en base de lo que se ha señalado- que se separen a los mencionados funcionarios involucrados mientras dure la investigación, “siendo los hechos motivos de la denuncia, de carácter gravísimo”, lo anterior fue parte de lo planteado públicamente por el concejal este miércoles en sesión del Concejo Municipal de Laja.
Nos comenta además que “semana tras semanas preguntaba sobre algún proceso administrativo… cuando sabemos lo que está pasando, y se justificaban en que había un proceso judicial, pero eso busca la responsabilidad penal. Nosotros estábamos esperando saber que se estaba haciendo en lo administrativo… pero no se nos ha informado nada” acá debemos llegar al fondo, es algo muy grave, afirma.
Pérez Aguayo, señala además que todos mis colegas están en conocimiento de estos hechos, pero dos no quisieron sumarse a pesar de los antecedentes, se trata de Luis Espinoza (UDI) quien es presidente de la Comisión de Educación y Freddy Castro (PS).
“Siempre se tiende o piensa esto como una persecución política… acá hay un delito y a pesar de estar en conocimiento de un ilícito (por más de un año y medio), se optó por no hacer nada, estando obligado a dar cuenta de estos hechos. La comunidad debe entender que no es un tema personal, quien más que yo quisiera que esto no se diera… pero existe una acción judicial, y por ello estamos obligados a ver lo que pasa”, aclara.
Finalmente, agrega que “ha habido un actuar negligente en el DAEM, por ejemplo, en otro tema… en abril de este año, nos pidieron cerca de 400 millones de pesos, para tapar un déficit, porque existe un desorden en las cuentas… nosotros no aprobamos eso”, porque existe desconfianza en las acciones que se llevan adelante en el departamento. Por ello la solicitud de pronunciamiento y exhaustiva investigación -de lo planteado inicialmente- para que pueda ser llevado adelante por un organismo externo, concluye.
DESDE EL MUNICIPIO DE LAJA
Consultado en relación a los hechos denunciados, ocurridos en el Departamento de Educación y la presentación realizada en la Contraloría por los concejales Pérez, Araneda, Serra y Urra, el alcalde de la comuna de Laja, Vladimir Fica Toledo, declinó referirse al tema mientras exista una investigación judicial en curso.
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